La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado una modificación legislativa para permitir dar subvenciones por más de 30.000 euros con cargo a los fondos europeos a aquellas empresas que cuenten con ciertos niveles de morosidad.
En el marco de la tramitación del proyecto de ley para la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, el Gobierno ha conseguido introducir esta modificación legislativa tras negociar con varios grupos parlamentarios una enmienda transaccional que modifica la Ley de Subvenciones.
En concreto, se trata de una nueva disposición que modifica la Ley 38/2003 General de Subvenciones para permitir a empresas emprendedoras acogerse a las ayudas desplegadas en el marco del último decreto anticrisis, aprobado en diciembre de 2022.
De este modo, las empresas inmersas en una situación de morosidad no pueden ser beneficiarias de subvenciones por importe superior a 30.000 euros. Sin embargo, aquellas que soliciten las ayudas con cargo al último decreto para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y el incremento del precio del gas, sí podrán obtener la condición de beneficiario «sin cumplir los requisitos establecidos».
Eso sí, dichos requisitos establecidos, que pasan por estar al corriente de pago, serán exigibles a los seis meses desde el cobro efectivo de la subvención y su incumplimiento en dicho plazo constituirá causa de reintegro total de la subvención.
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